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¿Quiere decir adiós a sus deudas?

La Ley de Segunda Oportunidad, trata de dar una solución a aquellas personas físicas, ya sean particulares, autónomos o empresarios que no pueden atender el pago de las deudas a proveedores, préstamos, tarjetas de créditos, alquileres, hipotecas, Hacienda o Seguridad Social mediante el AEP o Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Su objetivo es que las deudas que uno tiene queden aplazadas y aminoradas para que sean mucho más fáciles de pagar consiguiendo una renegociación.
Si el AEP fracasa, la Ley de la Segunda Oportunidad indica que es el mediador concursal quien lo declare ante el Juez para proceder a la declaración del concurso.

La LSO es solicitada en situaciones de insolvencia, donde la solución única pasa por intentar una propuesta de acuerdo a través de una mediación; si no se consigue se presenta el concurso consecutivo de acreedores para conseguir la exoneración de pago de la totalidad de las deudas.
Para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad debe de presentar una deuda inferior a los 5.000.000 de Euros.
Además de la deuda que se haya contraído, el deudor no debe de haber sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o falsedad documental dentro de los 10 años anteriores a la declaración del concurso. En el caso de haber un proceso penal en curso, hasta que exista sentencia firme el juez debe de suspender la decisión de conceder o no el beneficio de la segunda oportunidad.
Es muy importante el garantizar los requisitos de “buena fe”, que el deudor no haya rechazado ninguna oferta de trabajo recibida dentro de los cuatro últimos cuatro años a la declaración del concurso y siempre y cuando ésta sea acorde a su capacidad.
El que se haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos que resulte factible para el deudor es requisito imprescindible. Si los acreedores no aceptan el acuerdo, el pasivo será cancelado en la fase final conocida como Beneficio del Pasivo Insatisfecho.
Si la persona autónoma o particular cumple con estos y otros requisitos, el deudor podrá gozar de la cancelación de sus deudas. Todos los créditos, excepto los créditos de derecho público y los créditos por alimentos pueden exonerarse.

La Ley Concursal prevé que las deudas que no queden exoneradas deben de ser satisfechas, sin la aplicación de ningún interés, dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo posterior vencimiento.

Los créditos públicos no quedan exonerados, quedan incluidos en el plan de pagos negociados a cinco años por el deudor.

La Ley habilita a cualquier acreedor concursal el poder solicitar la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) en el caso de que la persona deudora cinco años después de su concesión:

  • se convirtiera en deudor de mala fe
  • incumpliera el plan de pagos
  • se descubriesen ingresos, bienes o derechos ocultos
  • recibiese alguna fortuna, legado o donación
  • tuviese suerte en los juegos de azar, loterías de manera que pudiese pagar todas las deudas pendientes.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad se abre un abanico de nuevas oportunidades que ayudarán al deudor insolvente, siempre que actúe de buena fe y sea una persona natural, a encarrilar de nuevo su vida, a iniciar un proyecto saneado sin necesidad de cargar con la pesada losa que supone ser deudor de unos créditos que nunca van a poder verse liquidados.

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