Regulación sobre la ejecución de la hipoteca

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Según el informe sobre ejecuciones hipotecarias del Instituto Nacional de Estadística, en el último periodo de 2018 se registraron un total de 1.182 ejecuciones iniciadas sobre viviendas. Esto supone un descenso del 27,1% respecto al mismo período del 2017. Esta tendencia a la baja puede asociarse al fin de la crisis económica y que los deudores tienen más poder adquisitivo para poder hacer frente a sus obligaciones con el banco.

Estas cifras también han podido ser consecuencia de las modificaciones realizadas en la normativa legal relacionada con el procedimiento de ejecución hipotecario. Con estas modificaciones, por un lado se pretende ofrecer una protección mayor a los ciudadanos en conjunto y por otro nuestra legislación se alinea con la legislación para la protección de los consumidores que existe en la Unión Europea. Previamente a estas modificaciones, la ejecución hipotecaria se realizaba de una forma muy rápida, sin que se entrase a valorar el fondo del contrato hipotecario, así como su validez. Como consecuencia de estas ejecuciones muchas familias se veían abocadas a abandonar sus viviendas.

¿Puede evitarse un deshaucio?

Un deshaucio es una situación muy delicada. Antes de iniciar la ejecución hipotecaria, es importante negociar con el banco antes de que tomen medidas. Para ello, puede contar con la asesoría de Abogado Bancario Madrid, para aconsejarle sobre los puntos a tratar para renegociar su contrato hipotecario. Las entidades bancarias han puesto en marcha medidas de renegociación que incluyen aplazamientos, novaciones (modificación de las condiciones originales del contrato) o convertir el contrato en un alquiler social para seguir alojados en la vivienda.

Según el Código de Buenas Prácticas Bancarias -al que se han adherido la mayoría de entidades bancarias del país-, los colectivos a los que se les debe ayudar a flexibilizar la deuda de su hipoteca son: familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas supere el 60% del conjunto de sus ingresos, y en los que la hipoteca este concedida sobre su única vivienda, sin que ésta supere el valor de 120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 euros para grandes urbes.

Debido al creciente aumento de deshaucios en el país, se redactó y aprobó la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, la conocida comúnmente como “Ley Antidesahucios”. Mediante esta ley se pretende ampliar la casuística mediante la cual se puede realizar una oposición a la ejecución. Entre otras, se podía alegar la constancia de cláusulas abusivas en el redactado del contrato hipotecario.

Si bien la intencionalidad de esta ley era buena, no fue suficiente para mejorar la situación de muchos hipotecados.

Además, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la nueva legislación procesal suponía un quebranto en la protección del consumidor, considerándola insuficiente e incompleta para el fin que se persigue.

Por ejemplo, la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014 consideró que la redacción del artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no reconoce el derecho del deudor ejecutado a recurrir la resolución en la que se desestima su oposición a la ejecución, pero sí reconoce dicho derecho al ejecutante con respecto a la resolución para la paralización de la ejecución o declaración de inaplicación de una cláusula abusiva que sea contraria a la protección que se harán del deudor hipotecario.

Toda la normativa reguladora relativa a los préstamos hipotecarios es ciertamente enrevesada y los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria en los que exista oposición del deudor implican que nos encontraremos ante procesos complicados en los que será más que necesario contar con la ayuda de abogados especialistas en derecho hipotecario y bancario que puedan defender nuestros intereses.

Dado que se trata de una problemática que actualmente está afectando a gran parte de la población del país, desde el poder judicial se está instando a las autoridades competentes para que doten de más protección al consumidor, mediante las modificaciones que sean necesarias en la legislación vigente.

Nuestros abogados se mantienen actualizados en lo que se refiere a cuantas modificaciones y novedades haya al respecto, por lo que podemos proporcionarle el mejor asesoramiento y defensa legal que sea posible.